Actualización de junio 2002

En este momento el Poder Ejecutivo analiza las formulas para defender el país frente a las actividades de desarrollo petrolero, tanto con la empresa Harken Costa Rica Holdings en la zona del Caribe como en las concesiones en la zona norte con Mallon Oil company.
 
En una histórica y unánime decisión la Comisión Plena de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, SETENA, rechazó el proyecto presentado por la empresa Harken para abrir el primer pozo petrolero marino costas afuera de Moín.  El  6 de marzo la empresa apeló la decisión de SETENA ante la Ministra del Ambiente y Energía. La ministra, como ultima acción de su mandato, dejó en firme la resolución de SETENA declarando sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 0146-2001-SETENA de las doce horas veinticinco minutos del veinticinco de febrero del año dos mil dos.
 
Las miles de personas y organizaciones que participaron en la campaña para defender el Caribe de la actividad petrolera celebran que se estén abriendo cada vez más los espacios para una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan su ambiente.  Aunque la empresa Harken podría entablar un juicio contencioso administrativo contra el MINAE dentro de un plazo de 60 días, o volver a presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tenemos confianza que los tomadores de decisiones actuarán en favor del bienestar del país asegurándole un ambiente sano a las futuras generaciones.
 
El nuevo presidente Dr. Abel Pacheco en su discurso inaugural del 8 de mayo dijo:  ... antes de convertirnos en un enclave petrolero, antes de convertirnos en tierra de minería a cielo abierto, me propongo impulsar un esfuerzo sostenido para convertir a Costa Rica en una potencia ecológica,  el verdadero petróleo y el verdadero oro del futuro lo serán el agua y el oxigeno; lo serán nuestros mantos acuíferos y nuestros bosques,  vamos a crear el marco jurídico para que las áreas deforestadas sean reforestadas con especies nativas y para dejar claro que no seremos un enclave petrolero o un territorio de minería a cielo abierto
 
 
SETENA declara: “No es viable ambientalmente”
 
Después de 19 meses de  campaña  de  aporte y discusión, coordinado por ADELA, en el ámbito del EIA para la actividad petrolera en el Caribe, SETENA declaró que, “No es viable ambientalmente”.
 
En un minucioso y completo documento la SETENA rechazó en acuerdo firme por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Perforación de Pozo exploratorio petrolero (FASE 2). Con este fallo se cierra un importante capitulo de incertidumbre respecto al futuro ecológico de Costa Rica.
 
La resolución hace un extenso recorrido por los hechos más relevantes desde el 25 de septiembre de 1998, fecha en que se presentó ante la SETENA la descripción del Proyecto de Prospección Marina de hidrocarburos, hasta el 28 de febrero del 2002, fecha de la resolución de rechazo al EIA para la perforación de pozo exploratorio petrolero (FASE 2).  En 55 considerandos, donde explican aspectos legales y generales, aspectos del proyecto petrolero, de los posibles impactos sobre flora y fauna marina y sobre los impactos sociales, turísticos y económicos, la resolución de la SETENA es categórica y señala un sinnúmero de vicios, errores, omisiones y carencias del estudio de impacto ambiental.  También pone en evidencia una gran cantidad de datos inciertos proporcionados por la empresa como, por ejemplo, que existen datos contradictorios en cuanto a la necesidad de contratación de personal especializado y misceláneo, donde se indican cifras distintas en varias partes del EIA.
Se asegura, además que Costa Rica debe buscar un modelo de desarrollo que contemple las necesidades humanas actuales, sin comprometer las oportunidades de las generaciones venideras.  Además, que una actividad como la que se ha evaluado contrasta con la imagen de Costa Rica como líder en el tema de la conservación de los recursos naturales y más específicamente como promotor de actividades como la del Corredor Biológico Mesoamericano, que podría verse seriamente afectada.
 
 
Denuncia ante Secretariado del Convenio RAMSAR
 
ADELA acompañada por CEDARENA, Justicia para la Naturaleza y la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental interpusieron una petición en Ginebra alertando que el país estaba poniendo en riesgo los humedales de la región caribeña que son declarados de importancia internacional. Costa Rica se ha comprometido vía tratado ratificado a proteger estos ambientes vitales para la supervivencia de muchas especies. Desde Ginebra el Secretariado solicitó a la Ministra información al respecto y  ofreció mandar una delegación conjunta para investigar.
 
 
Elecciones antipetroleras
 
Durante la  campaña electoral el tema fue debate y noticia. Por un lada Rolando Araya, candidato presidencial del PLN, y Ottón Solís, del PAC, manifestaron  que no apoyarían la extracción de hidrocarburos porque atenta contra la ecología en el país.
 
Solís fue el más enfático e incluso aseguró que buscaría las alternativas para anular el contrato y la ley. “Haríamos todo lo posible para rescindir el contrato sin comprometer los recursos del país", dijo.
 
Araya comentó que "Ahora lo que le pido a la SETENA es que posponga su decisión y que deje en manos del próximo gobierno la posición final sobre el petróleo. 
 
Abel Pacheco declaró que no cambiaria las bellezas del caribe por unos barriles de petróleo, sin embargo, consultado por la prensa dijo que no puede oponerse al contrato :"Lo que ya está firmado lo respetamos", señaló.  Sin embargo, estas declaraciones no le impidieron presentar, a solicitud de los activistas anti-petroleros, a la corriente legislativa un pequeño proyecto que busca declarar nuestro territorio libre de exploración y explotación petrolera.  El texto del proyecto es bastante sencillo y consta de dos artículos. En su primer articulo dice: "Deróguese la Ley de hidrocarburos  , número 7399 del 3 de mayo de 1994".
 
 
Viceministro presionando
 
El Viceministro de Ambiente y Energía, Iván Vincenti parecía ser el  mas interesado en el proyecto petrolero, y por eso fue denunciado ante la Defensoría de los Habitantes.  El violó la autonomía e interfirió en el cuerpo colegiado SETENA.  Por otra parte, la Ministra estuvo ausente de toda la discusión nacional, resultando así cómplice con las inaceptables actitud del Viceministro.
 
 
Victorias legales en la Sala IV
 
La Sala Constitucional resolvió unos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad donde concluyo que la SETENA, el órgano técnico del MINAE a cuyo cargo están los estudios de impacto ambiental y el monitoreo del cumplimiento de los mismos, no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo su cometido. La Sala declara con lugar el recurso en el caso de las concesiones de la zona norte a la empresa Mallon por violación del artículo 50 de la Constitución en materia ambiental y también por falta de consulta a las comunidades indígenas afectadas e impone condiciones previas a firmar un contrato sobre la concesión.
 
La última resolución de la Sala es que se declara CON LUGAR una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la actual Ley de Hidrocarburos, por violación, entre otras, al artículo 50 de la Constitución Política.  Se razonó que, al no haber cumplido, tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo, su obligación legal de acatar un pronunciamiento consultativo de la Sala Constitucional en el año 1993, sobre la constitucionalidad del proyecto de ley en los procesos ambientales, se declara inconstitucional el texto del párrafo segundo del artículo 41 del Proyecto de Ley de Hidrocarburos.
 
El equipo legal  y de activistas  que interpusieron el recurso declararon que:  consideramos que cualquier contrato firmado al amparo de la Ley de Hidrocarburos No.7399 es absolutamente nulo y así deberá ser declarado por el Poder Ejecutivo, a efectos de no incurrir en mas y mayores violaciones ni en mayores daños, que podrían devenir en irreparables .
 
 
La Municipalidad de Talamanca  declara una Moratoria en el cantón como territorio libre de exploraciones y explotaciones petroleras
 
El 12 de abril en Bribri Talamanca se realizó una sesión extraordinaria municipal para tratar el tema petrolera ampliamente con la participación de los habitantes del cantón y representantes del Área de Conservación Amistad Caribe y la oficina de Sociedad Civil del MINAE, la Defensoría de los Habitantes, y ADELA.  En decisión unánime, el Consejo Municipal solicitó a la Ministra rechazar la apelación de las empresas y dejar firme la resolución de SETENA.  Además, solicitó a las autoridades competentes que se derogue la ley de Hidrocarburos, y declaró Talamanca libre de la exploración y explotación petrolera.

Harken y Embajada EEUU

Representantes de las empresas petroleras y de la embajada EEUU hacen visitas y citas con representantes del gobierno en el sentido de presionar para la aprobación de los pozos marinos. En una campaña de desinformación sobre supuestos empleos, beneficios económicos,  y de insinuaciones políticas, intentan  influir indebidamente en la soberanía del país.  En una carta de respuesta a los norteamericanos solidarios con la campaña de ADELA, el presidente de Harken Costa Rica Holdings, Brent Abadie  insiste en públicamente despreciar a los costarricenses, diciendo que ADELA lleva “una campaña de propaganda estilo comunista que ha mal informado intencionalmente….. que la “costa de Talamanca” no existe. El valle de Talamanca está tierra adentro, en el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá. Está habitado por indios indígenas, que son tan pobres que se están muriendo de hambre y se ven obligados a comerse los monos y las aves tropicales.”
 
Por su parte, el Embajador Danilovich cita al presidente Pacheco, a los lideres de los partidos políticos y a las cámaras de comercio para tratar de convencerles de los beneficios que traerá la actividad de explotación petrolera por empresas EEUU dentro de Costa Rica, y de las graves consecuencias si se violan los compromisos ya adquiridos con estas.
 
ADELA sigue resistiendo y denunciando estas presiones y defiende sus derechos de participar en la toma de decisiones para determinar  cuales actividades de desarrollo benefician a las comunidades locales.