Costa Rica no debe indemnizar

Rodrigo Alberto Carazo

MKJ Xploration Inc. empresa unipersonal (el único constituyente, organizador, accionista, Director y Presidente), primero de Eric Conrad y luego de Abadie, obtuvo la adjudicación de licitación (único oferente), según consta en La Gaceta del 10 de agosto de 1998. La adjudicación recoge un “Resumen de inversiones ofertadas”, por bloque adjudicado, que incluyen tareas de perforación exploratoria terrestre (por $1.423.696), sísmica terrestre ($437.500), sísmica marina ($180.000 en bloque 3 y $180.000 en bloque 12), por un total de inversión de $2.291.196.

MKJ constituyó Tamarind Investments Inc. en Panamá; Harken Energy Corp. constituyó Harken South America Ltd. en Gran Cayman y ambas constituyeron Harken Costa Rica Holdings LLC en Nevada (20% de Tamarind y 80% de Harken) (Ver Carta de Harken Energy Corp. del 30/3/99). Ello quiere decir que el capital de Harken Costa Rica no es capital de Estados Unidos (según le fue informado al gobierno de Costa Rica).

En 1999 MKJ vendió a Harken Costa Rica su derecho a la concesión. El precio fue de $4.2 millones y además Harken se comprometió a aportar hasta $8 millones para “financiar el programa inicial de trabajo.” Se proporcionó información al Gobierno de Costa Rica.

Harken Energy, dueño mayoritario de la concesión (a través de su sucursal en Gran Cayman) operó todo lo relacionado con ella desde 1999 hasta julio del 2001. Eso significó que nombró abogados (Rodrigo Oreamuno, de Facio y Cañas) y envió técnicos para dirigir la operación local (Ruben Cheng y otros). Fue durante este período que:

• Se otorgó garantía de $30,000, correspondiente al 1% del valor total de las obras de exploración.
• Se realizó la exploración sísmica frente a la costa de Puerto Limón (bloque 12. Recuérdese que se ofertó en $180.000)
• Se presentó solicitud de revisión de Estudio de Impacto Ambiental y un addendum.
• Se mantuvo informada a la Dirección de Hidrocarburos sobre lo realizado.

En julio de 2001 se operó una “unión interna” en los accionistas de Harken Costa Rica, de conformidad con lo cual Harken Energy (a través de su subsidiaria o directamente, traspasó el 40% de las acciones de Harken Costa Rica a MKJ, quedando entonces Harken Energy o su subsidiaria con el 40% y MKJ o su subsidiaria con el 60%. De ello se informó al Gobierno de Costa Rica, aunque no se le informó del precio involucrado. Se presume que Harken Energy decidió no aportar los $4 millones que debía cancelar como parte de la negociación de 1999 y que las partes convinieron en que, por no haberse pagado la mitad del precio, se devolvieran la mitad de las acciones.

A partir de ese momento se retiraron los técnicos de Harken Energy (Cheng y otros) y terminó la labor del abogado Rodrigo Oreamuno. Brent Abadie se presentó al Gobierno como nuevo Presidente de la concesionaria.

En algún momento en el año 2001, Harken Energy trasladó su interés en la concesión de Costa Rica a “Global Energy Development Ltd.”
El 19 de febrero de 2002 Harken Energy, empresa registrada en la Bolsa de Valores, decidió “to fully impair its investment in the Costa Rica Project” (declarar sin valor la inversión en Costa Rica) y reflejarla como pérdida, indicando que dicha inversión ascendía a $8.757.000 (de los cuales, recuérdese, $ 4.2 millones habían sido pagados a MJK en 1999). Es decir, la inversión total entre el inicio de las operaciones y febrero de 2002 fue de $ 4.557.000 que, en caso de convenios rescisorios en que participe el Gobierno de Costa Rica, habría de demostrarse.

En noviembre de 2003 y ante la posibilidad de que se concrete un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es mal precedente el decir “tenemos la razón jurídica pero, dado los contactos del inversionista y la existencia de sanciones imponibles a partir del uso de esos contactos es preferible buscar un arreglo.”

No le corresponde al Estado costarricense indemnizar, de forma alguna, a una empresa que ha incumplido un contrato con este (que, por su parte, lo ha cumplido). El contrato, eso sí, está vigente en el tanto la parte que cumple no reclame el incumplimiento de la otra y logre su anulación, o que ambas partes convengan en rescindirlo. Es clara la definición del Gobierno en el sentido de que es inconveniente la continuación de la actividad objeto del contrato.