Campaña de oposición rotunda a la actividad petrolera en Limón

En 1997, el entonces Presidente de la República de Costa Rica, José Figueres Olsen, fue a Estados Unidos en una gira de búsqueda de inversiones a Estados Unidos y promocionó el territorio costarricense dividido en 27 bloques, listos para la exploración en búsqueda de petróleo. Estos bloques fueron abiertos para licitación petrolera ese mismo año. mkj-xplorations, con sede en Louisiana, ee.uu., fue la empresa que ganó la licitación para explorar y eventualmente explotar los bloques 2, 3, 4 y 12 (dos terrestres y dos marinos) en la provincia de Limón, zona atlántica costarricense. Firmó el contrato con el Ministerio de Ambiente y Energía en julio de 1998. Posteriormente, esta empresa vendió 80% de sus derechos a Harken Energy Corporation, con sede en Houston, Texas, ee.uu., que tiene grandes inversiones en Colombia.

La zona norte de nuestro país también está concesionada en los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos fueron otorgados por el Poder Ejecutivo mediante un decreto publicado el 13 de abril del 2000 a la empresa Mallon Oil Company de Denver, Colorado, ee.uu. Suman un total de 9497.15 km2 que van desde Moín hasta Barra del Colorado y, hacia el oeste, por toda la frontera del río San Juan y las llanuras de Caño Negro hasta Upala. La empresa presentó en julio del 2000 un Estudio de Impacto Ambiental (Expediente 126-2000) donde planifica una serie de actividades y analiza la información existente para definir sitios para la segunda fase de exploración en que se perforarán pozos. Esta primera fase tiene una duración de 18 meses y van a invertir unos 100 millones de colones.

Los impactos ya comenzaron

mkj y Harken iniciaron sus operaciones de exploración en el mar en noviembre de 1999. La primera fase fue la exploración a través de la reflexión sísmica en un área de 107 km2, dos kilómetros al frente de Moín, el puerto más importante de la provincia de Limón. Esta reflexión sísmica ya terminó y Harken ha dicho que encontró expectativas de billones de barriles de petróleo y depósitos importantes de gas natural. Esto significa que la segunda etapa de la exploración –la perforación de pozos exploratorios– está por iniciarse.
La primera fase del proceso de exploración consistió en hacer aproximadamente 20,000 detonaciones sísmicas en el fondo del mar. Esta tecnología provoca el sonido más fuerte conocido hasta el momento en el océano y, por ende, causa un daño excepcional a los mamíferos marinos, como ballenas, delfines y manatíes de la zona del Caribe. Los pescadores limonenses han experimentado una reducción en la pesca de langosta y camarón desde esa etapa de reflexión sísmica, ya que se realizó durante su época de migración.

Situación actual

En agosto del 2001 setena analiza el addendum al Estudio de Impacto Ambiental (eia) del Proyecto Pozo exploratorio en la Plataforma Caribe de Costa Rica (expediente 619-18). En ese addendum, la empresa tuvo que incluir respuestas a muchas de las observaciones que las organizaciones, instituciones y diferentes profesionales han objetado en varios de los puntos del estudio.

Las organizaciones de la sociedad civil han realizado una nueva evaluación del addendum a los consultores del dictamen anterior contratado por uicn.

Los profesionales Javier Mateo-Vega, ma, Especialista en Política Ambiental y Andrea Borel del Programa de Maestría Departamento de Geografía de Ontario Canadá concluyeron, al evaluar este addendum, que “al igual que el eia, sufre de inexactitudes y no responde a todas las inquietudes que plantea la setena. El contenido técnico deja dudas que deben ser aclaradas y el documento contiene un número apreciable de errores”.

Al cierre de esta edición, la setena convocó a una Audiencia Pública en Limón. Aunque no es vinculante será un espacio donde las comunidades podrán manifestar su descontento.
Utilizando todos los recursos legales, científicos y éticos la sociedad civil ha conformado estructuras descentralizadas de trabajo que abarcan la asesoría legal interponiendo dos Recursos de Amparo ante la Sala Cuarta y un Recurso de Nulidad ante la Contraloría de la República. Se estudian y recaban pruebas con los pescadores locales que demandan pagos de daños y perjuicios por las exploraciones marinas realizadas en 1999.

En el aspecto científico se articula un grupo de técnicos nacionales y de organizaciones del Caribe que cuestionan el eia de la compañía para la instalación de una plataforma marina frente al puerto de Moín. La zona de influencia del proyecto petrolero es de una amplia fragilidad ambiental caracterizada por ecosistemas (manglares, arrecifes coralinos, lagunas, playas, bosques tropicales) y especies únicas y de importancia global de la tortuga verde (Chelonia mydas), baula (Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys imbricata) y, en números más pequeños, la tortuga cabezona (Caretta caretta), y el delfín tucuxi. También existen sitios de importancia internacional, como el humedal de Gandoca Manzanillo protegido por el Convenio Ramsar, y toda la región del sitio Biosfera de la Amistad, declarado Patrimonio de la Humanidad por unesco.

Las comunidades locales y grupos ecologistas presentaron, desde enero del año pasado, un recurso de amparo contra las concesiones de exploración petrolera. La Sala Constitucional, en un primer momento, declaró con lugar el recurso de amparo presentado por las comunidades del Caribe contra las exploraciones petroleras y anuló las concesiones, pero posteriormente aceptó la exploración en los bloques marinos por considerar que no afectaba a los territorios indígenas. Sin embargo, ese fallo obliga a realizar una consulta, como lo estipula el Convenio 169 de la oit, antes de cualquier actividad en los bloques terrestres donde existan territorios indígenas.

Audiencia pública y Resoluciones

A mediados de enero de este año, setena emitió una resolución sobre el estudio para establecer un pozo exploratorio sobre la plataforma Caribe. Los dos principales puntos del dictamen fueron: “Debido a la importancia de este proyecto se convocará a audiencia pública con el propósito de recabar elementos adicionales que permita tomar decisiones apropiadas, en fecha que posteriormente será definida” (19 de setiembre del 2001) y el otro punto es “comunicarle al interesado que debe aclarar y ampliar la información que se indica mediante un anexo que se debe presentar, dentro de un plazo de treinta días contados a partir del día posterior de la notificación de este acuerdo, con original y cuatro copias”.

Asimismo, la Defensoría de los Habitantes resolvió también sobre la denuncia de las comunidades del Caribe Costarricense (oficio Nº 00827-2001-dhr). En sus conclusiones señala que “los estudios de impacto ambiental están carentes de información actualizada y omiten la vocación de conservación del Caribe”, y agregó: “esta situación convierte en carentes de efectividad los planes de contingencia ante posibles daños”.

Para la Defensoría resulta evidente que no existe seguridad sobre los recursos existentes y sus condiciones para afrontar un posible desastre ecológico. Asimismo asegura que “No es posible determinar los impactos de la reflexión sísmica realizada en la zona marina vecina a Moín, al carecer de una recopilación de información previa a la ejecución de la misma”. Más adelante alerta que la setena “carece de recursos profesionales, administrativos y financieros que garantice el análisis profundo y técnicos de los eia presentados ante sus oficinas. Carece de personal suficiente y capacitado para realizar una labor de control constante y efectiva que garantice que no habrá afectación al recurso natural existente”.
El informe expresa, además, que el Estado no tiene experiencia y capacidad para asegurar lo que se dice en el papel ya que: “la experiencia nacional es nula en tanto a situaciones de emergencia a nivel de exploración y explotación petrolera”. En el contexto de incumplimiento de leyes y reglamentos la Defensoría señala: “el ejercicio de una nueva actividad como la exploración petrolera representa un nuevo peligro para la sostenibilidad ambiental y social de las poblaciones allí ubicadas”. El informe concluye con el llamado a la participación activa de las comunidades, grupos y municipalidades de Talamanca y Limón.

Sociedad civil definida

En un acto realizado en noviembre del 2000, en la Asamblea Legislativa, la sociedad civil decidió declarar a Costa Rica “libre de toda exploración y explotación petrolera e invitar a nuestro gobierno a convertirse en un ejemplo mundial haciendo lo mismo.” (ver declaración en página 19 de esta publicación).

A esto se la ha sumado la opinión de personalidades del ámbito literario, artístico, cultural y político que han enviado artículos a la prensa y han realizado declaraciones aclarando su postura negativa respecto del proyecto petrolero en Limón. Asimismo desde mediados del 2000 se conformó una coordinadora que agrupa diversas organizaciones locales y nacionales llamada Coordinadora Nacional Antipetrolera.

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