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Indubio pro natura
LOS PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, se suscribió la Declaración de Río; que establece el Principio Precautorio:

Principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Es conveniente recordar el origen del principio precautorio y la manera en que se plasma en nuestra legislación. Con el ánimo de dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo se han emitido diferentes políticas, programas y proyectos nacionales dentro de los cuales se ubica la estrategia de desarrollo sostenible definida en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES). Con base en el ALIDES se aprobó la Ley Orgánica del Ambiente, Ley no. 7554 publicada el 4 de octubre de 1995, la cual procura dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente establece sus principios inspiradores, dentro de los cuales señala:

“c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.”

Por su parte, el artículo 4 establece los fines de dicha Ley, entre los que se cuenta el fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio. También busca lo siguiente:

“b)Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras.

c)Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente.

d)Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental.”
El principio de precaución también ha sido ampliamente analizado por la Sala Constitucional. En el Voto N° 5893-95 la Sala ha dicho expresamente lo siguiente:

"Asimismo, en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó establecido el derecho soberano de los estados a definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, el principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río), según el cual "con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente." De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura" que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza. No obstante, la tarea de protección al ambiente, se dificulta toda vez que arrastramos una concepción rígida con respecto al derecho de propiedad, que impide avanzar en pro del ambiente, sin el cual no podría existir el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad o a la salud. No se debe perder de vista el hecho de que estamos en un terreno del derecho, en el que las normas más importantes son las que puedan prevenir todo tipo de daño al ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a posteriori, el daño ya hecho; necesidad de prevención que resulta más urgente cuando de países en vías de desarrollo se trata. En este sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó "...que en los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales son causados por el mismo subdesarrollo. Millones continúan viviendo por debajo de los estándares mínimos de salud y salubridad. Por lo tanto los países en desarrollo deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en mente las prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar el ambiente. Por la misma razón los países industrializados deberían hacer esfuerzos para reducir la brecha entre ellos y los países en desarrollo."

Mas recientemente, en el Voto 2150-99, del 19 de febrero de 1999, la Sala constitucional ha sostenido lo siguiente:

“Así también, es innegable la violación al artículo 7 constitucional al contrariarse los Convenios Internacionales, pues este decreto autoriza la caza de la tortuga verde para su consumo y su captura para el comercio sin bases científicas suficientes para acertar que eso es posible y en qué medida, desprotegiéndolas irresponsablemente con la sola existencia de la duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, lo que hace a esta normativa inconstitucional según el principio "indubio pro natura", donde sólo la duda del perjuicio que se le pueda causar al equilibrio ecológico es suficiente para protegerlo y con mucho más razón cuando existen estudios científicos que exigen su máxima protección.”

Es importante resaltar por ejemplo el Voto 3705-93 en que la Sala se refiere a la suscripción y no a la ratificación de los tratados internacionales, de modo que sigue la actual tendencia que reconoce la existencia de principios generales necesarios para la supervivencia de la raza humana, los cuales deben ser respetados por cada país sin importar si están o no ratificados. Así entonces, con referencia a la calidad de vida, otro valor intrínseco dentro de la temática ambiental, esta sentencia -reiterada en otras ocasiones- agregó:

“Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras...."

El principio precautorio en materia ambiental se ha incorporando paulatinamente en el ordenamiento jurídico nacional. En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Convención de Diversidad Biológica y Convenio Centroamericano de Biodiversidad, Costa Rica aprobó La ley de Biodiversidad, Ley No. 7788 publicada el 30 de abril de 1998. El objeto de esta ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. La Ley de Biodiversidad en el artículo 11 indica los criterios de aplicación de la misma, cuales son:

Criterio preventivo: se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o de sus amenazas.

Criterio precautorio o indubio pro natura: cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.

Criterio de interés público ambiental: el uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Criterio de integración: la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo.

Los elementos de la biodiversidad que se encuentran bajo la soberanía del Estado, -que incluyen ecosistemas marinos y los procesos y las actividades desarrolladas en ella- se comprenden en el artículo 3 de la Ley de Biodiversidad y deben ser tutelados por dicho Estado. Por esta razón, una concesión de exploración de hidrocarburos se encuentra también regulada por lo establecido en esta ley.

El principio precautorio exige el deber de actuar del Estado costarricense para prevenir daños al ambiente, aunque no exista certeza científica sobre las posibles causas o consecuencias de la fuente del daño.

Este principio se origina en la disminución de la capa de ozono, cuando la causa del daño no había sido claramente identificada. Faculta al Estado para tomar medidas, y en caso de no hacerlo estaría incurriendo en una violación a las leyes nacionales e internacionales.

Todo lo anterior justifica la reiterada jurisprudencia constitucional que toma en cuenta la normativa proveniente de convenios y declaraciones internacionales, y actualmente el principio precautorio ha sido aplicado y argumentado para la resolución de algunos casos constitucionales en materia ambiental, como se señalo anteriormente.

Tanto el Convenio de Diversidad Biológica como la Ley de Biodiversidad establecen en forma muy clara la definición del principio precautorio. La Convención de Diversidad Biológica firmada en Río en junio de 1992, aprobada en Costa Rica por ley número 7416 promulgada el 30 de junio de 1994 y ratificada el 24 de agosto de 1994, establece en el artículo 3:
“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.”
Este principio también aparece en varios acuerdos internacionales ambientales adicionales. Por ejemplo, en el Protocolo de Bioseguridad se incorporó en el artículo 7 el procedimiento de acuerdo fundamento previo. El país importador puede negarse a importar basado en el Principio de Precaución o si estima que éstos pueden tener un impacto negativo al ambiente y la salud humana, o por consideraciones socioeconómicas. La importación sólo puede realizarse con la explícita aprobación del país importador

En el caso que nos ocupa existe también una violación al principio preventivo consagrado en el Principio 17 de la Declaración de Río. Consideramos que existe esta violación porque el principio preventivo establece que:

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente." (el subrayado es nuestro).

En materia de ambiente el principio preventivo es fundamental. En este sentido las evaluaciones de impacto ambiental deben en su calidad de instrumento nacional prever todo daño que cause al medio marítimo en este caso, para ello se ha realizado las observaciones técnicas sometidas al expediente 619-98.

Si el Gobierno de Costa Rica aprobara el EIA a pesar de las observaciones técnicas, científicas y legales que se le han remitido, estaría violando los principios preventivo y precautorio, constantes en el principio 17 de la Declaración de Río, y además otras convenciones internacionales de igual importancia.

La CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES INTERNACIONALES COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS (CONVENCION DE RAMSAR), de 1971, ratificada por Costa Rica mediante Ley No. 7224, de fecha 20 de junio de 1991, obliga a que los países suscriptores velen por el uso adecuado de los humedales y EVALUAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL ANTES DE TRANSFORMAR LOS HUMEDALES (artículo 3.1 de la Convención).

En el caso del permiso por concesión para exploración otorgado a la empresa Harken Costa Rica Holdings, LLC.., en la zona caribeña de nuestro país, el Estado costarricense no ha suministrado (e ignoramos si ha evaluado), información que permita a las comunidades verificar la magnitud del impacto ambiental que se originaría al afectar zonas de humedal, ya que en la zona de referencia existen áreas concesionadas para exploración donde existen humedales reconocidos y declarados como zonas de protección bajo esta Convención, como es el estero de la Laguna de Gandoca ubicada dentro del Bloque 3.

Acerca de los humedales, la UICN ha expresado lo siguiente: “….los humedales son la vida de nuestro Planeta, son el punto de partida de la cadena ecológica y aportan el agua que viene a conformar el 80% del cuerpo humano. Son las costas, los arrecifes de coral, los lagos y lagunas, los ríos, los esteros y los manglares, las llanuras de inundación, los pantanos y los bosques inundados…”

Actualmente existe una denuncia presentada ante el secretariado del Convenio RAMSAR en Suiza a lo cual el proyecto de Humedales del MINAE esta obligado a rendir informes para asegurar que el principio de prevención se aplique a los humedales bajo la protección del Convenio.
Además, la sétima Conferencia de Humedales Ramsar, celebrada en Costa Rica en mayo de 1999, concluyo que sólo con la participación activa de los habitantes de las zonas aledañas a los humedales, los Estados-Partes pueden lograr una protección y manejo adecuado de los humedales designados de interés internacional, como son las áreas de humedales ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. De hecho, dentro del marco de la 3 Sesión del Foro Global de Biodiversidad en Costa Rica realizada la semana antes de la Conferencia de las Partes, se estudió el caso de Gandoca-Manzanillo como ejemplo modelo en el taller sobre los Humedales y el Sector Privado.

Si se aprobara el proyecto se estará produciendo una violación al CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, ratificada por nuestro país mediante Ley No. 7416 del 24 de agosto de 1994, específicamente con lo que tiene que ver con las especies en vías de extinción y la obligación del Gobierno de velar por el cuido de la biodiversidad, especialmente la marítima, que ha sido incluida dentro de la CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CONVENIO DE CITES), que fuera ratificada por Costa Rica por Ley No. 5605 del 22 de octubre de 1974, y que entró en vigencia a partir del 24 de noviembre de 1988, según Ley No. 7103 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 224. El Estado costarricense ha permitido a través de la concesión para la exploración y explotación aquí impugnada, que la misma se realice en zonas protegidas, tales como refugios y parques donde existen especies en vías de extinción, que forman parte de la Convención de CITES.

En este caso el principio invocado es de suma relevancia por el tipo de proyecto de que se trata y porque son de sobra conocidos los impactos que los proyectos petroleros traen al ambiente y a las comunidades a las que afectan, de manera tal que si no se aplica el principio preventivo, los daños pueden constituirse en irreversibles, de los llamados daños de imposible reparación.

Además, se producirá una violación al artículo 8 del CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGION DEL GRAN CARIBE, adoptada por nuestro país mediante Ley No. 7227 del 12 de abril de 1991. Establece este artículo respecto a la contaminación resultante de actividades relativas a los fondos marinos, que:

“Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio resultante directa o indirectamente de la exploración o explotación de los fondos marinos y de su subsuelo."

Este artículo consagra el principio preventivo, que en el caso que nos ocupa no ha sido respetado por el Estado costarricense, al suscribir el contrato de concesión petrolera, sobre todo porque las comunidades afectadas han carecido de una información amplia y veraz, previa al acto de concesión, que les permitiera evaluar fehacientemente si se cumple con todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de los fondos marinos en estas zonas, especialmente ricas en especies de fauna y flora marinas. En el caso del artículo 8 citado, esto repercutiría negativamente sobre los fondos marinos de las zonas afectadas, así como sobre la fauna marina y las comunidades de la región, por el movimiento de las corrientes marinas señaladas en el expediente, y los efectos expansivos negativos de la futura explotación.

En este sentido, y de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, el Estudio de Impacto Ambiental y los razonamientos del gobierno (SETENA), deberían contener todas las medidas para garantizar esta precaución y prevención, y ambos son omisos en este sentido.

De igual importancia, consideramos el ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, que en el artículo 50 reformado en 1994, consagra a favor de todos los habitantes de Costa Rica el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dicho derecho contempla la atribución de toda persona a evitar que su entorno sea contaminado, y que agentes externos a él puedan crear condiciones que lo deterioren, lo contaminen o lo destruyan. Es obligación del Estado costarricense, por ello, adoptar medidas preventivas para impedir que ese ambiente pueda ser alterado en perjuicio de las personas.

La aprobación del EIA y su Adendum violará este artículo puesto que con las omisiones de todas las recomendaciones de los estudios independientes, la Defensoría de los Habitantes y los consultores mejicanos invitados por el UICN, el Estado costarricense seria parte de una amenaza al equilibrio ecológico de la zona caribeña del país.

En el presente caso estamos en presencia de una clara situación como la que describe los principios de precaución y prevención, y por ello omitirlo por parte de la SETENA, sería incurrir en violación al principio indubio pro natura, y al artículo 7 de la Constitución Política..

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