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Minae debe parar acción contra
Harken
Reynaldo
Martínez
Miercoles,
10 de Diciembre, 2003 |
La
República |
El Ministerio del Ambiente y Energía (Minae)
deberá suspender indefinidamente el proceso contra
la empresa Harken Costa Rica Holdings LLC. mediante
el cual pretende rescindirle la concesión otorgada
para la exploración petrolera en la bahía
de Moín, Limón.
La
Sala Constitucional aceptó para su estudio un
recurso de amparo presentado en días pasados
por los representantes legales de la compañía
de capital estadounidense, en el cual alegaron la existencia
de vicios en el proceso que se sigue en su contra.
En el recurso, la empresa advirtió no haber sido
notificada oportunamente del comienzo del proceso en
su contra, así como la existencia de interpretaciones
erradas de la legislación de Contratación
Administrativa que provocaron el rechazo de las apelaciones
formuladas.
La Sala Constitucional decidió no solo acoger
el recurso presentado por la empresa para estudiarlo,
sino que además le solicitó al Minae un
informe sobre los hechos alegados por Harken y una copia
del expediente del proceso dentro de los tres próximos
días.
“Finalmente, y después de todas las gestiones
hechas ante el Minae, la Sala Constitucional encuentra
los elementos suficientes para investigar el caso”,
indicaron los representantes legales de la empresa,
Pedro Oller y Roberto Esquivel, del bufete Oller Abogados.
Atendiendo lo establecido en la Ley de Jurisdicción
Constitucional, la Sala Constitucional además
le advierte al Minae que no podrá dictar el acto
final de procedimiento administrativo que le sigue a
la empresa hasta tanto no emita una sentencia sobre
el recurso presentado o no disponga otra cosa.
El proceso contra Harken para rescindirle la concesión
se inició desde el 28 de agosto pasado, pero
según indicó la empresa en el recurso,
no fue sino hasta el 11 de noviembre que se le advirtió
oficialmente de la existencia de esta gestión.
La notificación emitida por el Minae en esa fecha
fue hecha únicamente para convocar a la empresa
a una comparecencia privada que se realizaría
la semana pasada en el departamento legal de la institución.
Por otra parte, la compañía alegó
en el recurso que existieron interpretaciones erradas
de los funcionarios nombrados para analizar el caso,
al rechazar los reclamos presentados en su defensa por
considerar que no tenía la oportunidad de apelar
el proceso abierto en su contra.
La divergencia que existe en este punto obedece a que
los funcionarios del Ministerio consideran que el proceso
abierto contra la empresa es sumario, mientras que Harken
asegura que es ordinario. La legislación de Contratación
Administrativa permite apelaciones solo en el segundo
caso.
Como lo informó LA REPUBLICA en ediciones anteriores,
Harken también estudia la posibilidad de presentar
un recurso contra la resolución emitida por la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(Setena), mediante la cual se le negó a la empresa
el permiso ambiental para iniciar operaciones.
En este recurso la empresa alegaría que la Setena
no tenía la potestad de rechazarle la solicitud,
al amparo de una resolución emitida a mediados
de este año por la Sala Constitucional que confirmó
que esta entidad carecía de todos los instrumentos
técnicos necesarios para realizar valoraciones
de impacto ambiental sobre los proyectos presentados
por compañías interesadas en hacer inversiones
en el país en varios campos.
Tal y como lo dio a conocer este diario en esa ocasión,
la resolución de la Sala Cuarta estuvo basada
en los dictámenes emitidos por la Contraloría
General de la República y la Defensoría
de los Habitantes.
El conflicto con la petrolera se remonta a mediados
del año pasado, cuando la Setena le rechazó
a la empresa el permiso ambiental que requería
para el inicio de las exploraciones en el mar Caribe.
Ante esta decisión, Harken decidió comenzar
un arbitraje internacional contra el país, el
cual fue suspendido ante la promesa del Gobierno costarricense
de buscarle una salida negociada al diferendo.
No obstante, a finales de noviembre pasado el conflicto
subió de tono ante el fracaso de las conversaciones
sostenidas en Washington por el ministro del Ambiente,
Carlos Manuel Rodríguez, con los representantes
de la empresa.
En esta ocasión Rodríguez alegó
que la empresa había asumido una actitud extorsiva
al advertir al país de posibles sanciones políticas
por parte del Gobierno de Estados Unidos.
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